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DERECHO DE PETICIÓN

El próximo 17 de mayo se debatirá en la Junta General del Principado de Asturias una petición ciudadana para que el Parlamento asturiano remita al Congreso de los Diputados una iniciativa  de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución. Dicha propuesta es el resultado del ejercicio colectivo del derecho fundamental de petición llevado a cabo en Asturias y otras 15 Comunidades Autónomas por miles de personas con el nombre Por la democracia directa. Nunca antes se debatió en un Parlamento autonómico una petición ciudadana de reforma constitucional.  

La iniciativa incluye 3 puntos:

1ª) la reforma del artículo 87.3 de la Constitución, que regula las iniciativas legislativas populares y que hoy impide su presentación si afectan, entre otras materias, al régimen electoral general o al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, lo que excluye cuestiones tan relevantes en un sistema democrático como la educación, las libertades de expresión, reunión  y asociación o el acceso a la justicia.

2ª) La reforma del artículo 92 para que la aprobación de las leyes votadas por las Cortes Generales y aún no sancionadas, las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor sean sometidas a referéndum vinculante de todos los ciudadanos si lo solicitan 500.000 personas. La Constitución de 1978 ni habilita a los ciudadanos para solicitar la convocatoria de un referéndum ni prevé el carácter legislativo o abrogativo de las consultas, contemplado en otros países (Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Suiza, Uruguay,…) y que sí estaba previsto en el Anteproyecto de Constitución española.

3ª) La reforma del artículo 166 para que el cambio de la Constitución pueda ser promovido por 500.000 personas. La prohibición actual de iniciativas ciudadanas en esta materia se ajusta poco al principio de soberanía popular (artículo 1.2) y al mandato que se impone a los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política (artículo 9.2). En Suiza se admite la iniciativa popular para una reforma total o parcial de la Constitución; en Lituania pueden promover un cambio constitucional 300.000 electores y en Austria 200.000 ciudadanos con derecho a voto pueden presentar proposiciones de leyes constitucionales.

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